El dato más reiterado del impacto que ha tenido la implementación de la denominada “guerra contra las drogas” en México es el número de homicidios. Poco suele comentarse de los efectos que ha tenido esta política de Estado en las dinámicas de compra-venta-uso de drogas a nivel local y las implicaciones de ello en las condiciones de vida de las personas usuarias, especialmente de aquellas con menores recursos.
En los últimos años se ha avanzado en el debate en torno a la necesidad de diseñar mejores políticas de drogas que prioricen la salud pública y el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, las alternativas que hasta ahora han sido aprobadas en México, aún están lejos de concebir al usuario de drogas como un ciudadano sujeto de derechos.
Hay un fenómeno donde todavía parece «evidente» lo que se vale y lo que no, en cuanto al recurso de la violencia: los linchamientos. Un linchamiento es la ejecución pública y tumultuaria de personas en clara desventaja numérica. Sin procedimiento de juicio y de forma ilegal, los agresores recurren colectivamente a la violencia para «defenderse» de quienes perciben como una amenaza o para «hacer justicia» por mano propia.