El analista detalló que, de aprobarse la reforma, la consulta de revocación de mandato se realizaría junto con un complejo proceso electoral en 2027, que incluye: La elección federal para la Cámara de Diputados, la renovación de 17 gubernaturas, la renovación de 31 legislaturas locales, elecciones en más de 1,700 ayuntamientos y la elección de magistrados del Poder Judicial Federal.
Según Alcocer, el objetivo es mantener la presencia de la actual mandataria en la boleta electoral.
El analista destacó que la Constitución exige que la solicitud de revocación sea respaldada por el 3% del padrón electoral, y que dichas firmas estén repartidas en al menos 17 estados. Alcocer señaló esto como una “curiosa coincidencia”, ya que son exactamente 17 las gubernaturas que se disputarán ese año, calificando el movimiento como una “estratagema” para poder hacer proselitismo.
Asimismo, Jorge Alcocer desestimó el argumento de que la medida busca ahorrar recursos al empatar la consulta con la elección ordinaria.
“Si no quieren gastar ese dinero, pues que no promuevan que haya revocación de mandato“, sentenció. Recordó que la consulta “no es obligatoria” y solo se convoca si se cumplen los requisitos ciudadanos. El analista también refutó las declaraciones del diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, quien ha señalado que en 2019 la oposición “chantajeó” para impedir que la revocación se empatara con las elecciones. Alcocer aseguró que, por el contrario, fue la entonces Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien advirtió al propio presidente López Obrador que hacer coincidir la consulta con la elección violaba el artículo 134 de la Constitución, el cual prohíbe a los servidores públicos influir en la competencia electoral.