La empresa Vector Casa de Bolsa, propiedad de Alfonso Romo, es señalada por la Fiscalía General de la República (FGR) como una de las instituciones financieras vinculadas a la red de huachicol fiscal que opera en México con auxilio de marinos y agentes aduanales.
Vector Casa de Bolsa, según la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEIORPIFAMF CDMX/0000568/2024, es parte de las 109 empresas que realizan la importación y comercialización de combustibles ilícitos.Dicha empresa es propiedad de Alfonso Romo Garza, jefe de oficina del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Esta misma empresa fue acusada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntamente ser parte de la red de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa.
Ahora, las indagatorias de la FGR, según un informe de inteligencia titulado “Noticias sobre la comisión de posibles hechos constitutivos de delitos relacionados con el Mercado Criminal de Energéticos en materia de Hidrocarburos” elaborado el 18 de julio del año 2024, vinculan a Vector con la red de huachicol fiscal que derivó en la detención de 14 personas, entre ellos marinos en activo, en retiro, así como agentes aduanales y empresarios.
Según analistas del Centro Federal de Inteligencia Criminal, Vector Casa de Bolsa es uno de los bancos con vínculos comerciales con Grupo Base Energéticos, S.A. de C.V., una de las principales empresas señaladas en la red de huachicol fiscal, misma que, con solo 17 empleados, género ingresos anuales promedio de 760 millones de pesos, además de inclumplir en declaraciones fiscales y dedicarse a la compra y exportación de hidrocarburos.
No obstante, el principal vínculo de Vector Casa de Bolsa con la red de huachicol es derivado de sus negocios con la empresa Grupo Potesta, S.A. de C.V., que es señalada por la FGR como una de las personas morales dedicadas al huachicol fiscal. Según la investigación, Vector habría lavado alrededor de 220 millones de pesos generados por Grupo Potesta a raíz de presuntos negocios de huachicol fiscal:
“Se conoció que Grupo Potesta, S.A. de C.V., celebró operaciones con diversos proveedores entre los que destacan los 220 millones de pesos que tuvo con la institución financiera Vector, Casa de Bolsa, S.A. de C.V. dicha empresa por medio de esta institución financiera podría estar enviando recursos hacia otras entidades o países con la finalidad de pretender ocultar recursos financieros”, apunta la carpeta de investigación.
El pasado 25 de junio, la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN) apuntó a Vector como una entidad de «preocupación principal» por presunto lavado de dinero vinculado al tráfico de opioides, particularmente fentanilo. Según FinCEN, Vector habría facilitado actividades de lavado de dinero para cárteles mexicanos como el de Sinaloa y el del Golfo, además de permitir pagos por más de un millón de dólares entre 2018 y 2023 a empresas chinas conocidas por suministrar precursores químicos para la producción ilícita de opioides.
Además, se señaló a Vector por haber procesado transferencias por aproximadamente dos millones de dólares entre 2013 y 2021, supuestamente vinculadas a una «mula de dinero» del Cártel de Sinaloa, incluyendo transacciones relacionadas con sobornos al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
La empresa, propiedad del empresario Alfonso Romo, exfuncionario del gobierno de AMLO, enfatizó que opera bajo estrictos estándares de cumplimiento normativo y auditoría interna desde hace más de 50 años y confirmó su disposición a colaborar con las investigaciones, aunque negó los señalamientos. Posteriormente, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó el 26 de junio de 2025 una intervención gerencial temporal de Vector, así como de CIBanco e Intercam, otras dos instituciones señaladas por FinCEN, con el objetivo de proteger los intereses de los inversionistas y clientes.
“FinCEN concluye que existen fundamentos razonables para determinar que Vector, una institución financiera que opera fuera de Estados Unidos, representa una preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides, debido a la prestación de servicios financieros que facilitan dicho tráfico por parte de organizaciones criminales mexicanas, incluyendo el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo”, indicaba la publicación del FinCen.