Ante lo que llamaron “omisión legislativa” en Querétaro, colectivos de la comunidad trans han promovido 15 amparos para poder realizar modificaciones en su documentación oficial y obtener el reconocimiento legal de su identidad.
El rezago, señalaron, se debe a que el Congreso local no ha armonizado el Código Civil con la normativa federal, lo que impide que las personas puedan cambiar el género en sus actas de nacimiento y, en consecuencia, en documentos como la CURP o la credencial de elector. Esta reforma, afirmaron, permitiría tanto el reconocimiento de la transición de género como la inscripción de un tercer género: no binarie.
María José González de la Luz, activista de la Casa de Transición y del Frente Queretano por la No Discriminación, explicó que en ausencia de esta legislación, el trámite sólo es posible mediante juicio de amparo. Cada proceso representa un costo aproximado de 50 mil pesos, además de gastos de representación legal, y suele prolongarse por varios meses. Una vez resuelto, es un juez quien ordena al Registro Civil de Querétaro aplicar los criterios federales y autorizar el cambio de identidad.
“Nos han orillado a llegar a la situación tan lamentable de pagar estos juicios, y hay que señalar que nuestra población transexual es muy precarizada. No todas pueden pagar o casi ninguna puede pagar estos abogados. Imagínense lo que esto significa”, declaró González de la Luz.
Destacó que la mayoría de las solicitudes provienen de juventudes trans que enfrentan discriminación institucional en escuelas y universidades. “Los amparos son porque la gran mayoría no pretende seguir soportando toda la violencia institucional para hacer su cambio de identidad en las diferentes administraciones de sus universidades”, añadió.