En 2005 fue señalado por su participación en la detención ilegal de la periodista Lydia Cacho
Al menos 30 empresas de seguridad privada en el estado han denunciado ser víctimas de un presunto esquema de extorsión institucional, encabezado por el actual Director de Registro y Supervisión de Empresas y Servicios Privados de Seguridad, y su asistente, Isis Yetlanexy Amilpa Córdoba.
Según los testimonios, los funcionarios estarían exigiendo pagos millonarios disfrazados como trámites administrativos o inspecciones. Aquellas compañías que se niegan a pagar enfrentan clausuras inmediatas, retrasos injustificados y hostigamiento burocrático.
Nos dijeron directamente: si no pagas, tu trámite no pasa”, declaró un empresario bajo condición de anonimato.
A pesar de que la ley establece plazos de entre 1 y 90 días hábiles para resolver trámites, varias empresas reportan demoras de hasta seis meses o más, sin justificación. Las compañías que acceden a los pagos, en cambio, reciben autorizaciones en cuestión de días.
Empresarios del sector aseguran tener evidencia de un trato diferenciado y uso del poder público para intimidar o eliminar a competidores. Las denuncias ya fueron dirigidas a la Secretaría de Seguridad Pública, pero el titular Julio César Gómez Torres mantiene en su cargo a Ongay Ortiz, lo que ha sido interpretado como protección política.
Historial de controversias
Jaime Ongay Ortiz no es ajeno a la polémica. En 2005 fue señalado por su participación en la detención ilegal de la periodista Lydia Cacho. En años posteriores, acumuló denuncias por corrupción, represión a la prensa y mal desempeño en distintos cargos dentro del sistema de seguridad pública del estado.
Exigen intervención del gobierno estatal
Ante la falta de respuesta oficial, empresarios y abogados del sector han exigido a la gobernadora Mara Lezama la destitución inmediata de los funcionarios señalados, así como una auditoría independiente a los trámites gestionados por su área. También se solicita la creación de un canal seguro para denuncias y transparencia en los tiempos de respuesta por trámite.
¿Regulación o extorsión?
Los afectados advierten que esta situación pone en riesgo la operación de empresas formales, genera desempleo y favorece la corrupción institucional. “Quintana Roo no puede ser un estado donde operar legalmente dependa de cuánto estás dispuesto a pagar por debajo de la mesa”, advirtió uno de los denunciantes.
Hasta el momento, el gobierno estatal no ha emitido postura oficial ni iniciado alguna investigación pública al respecto.