Los artesanos mexicanos cuentan con leyes que protegieron su obra frente al plagio y exigieron consentimiento previo para su uso comercial.
En un país donde la cultura se borda, se talla y se pinta, la pregunta sigue vigente: ¿pueden los artesanos mexicanos proteger legalmente su obra? A cinco años de la aprobación de leyes que reconocen los derechos colectivos de propiedad intelectual, la respuesta es sí, pero con retos en su aplicación.
México, uno de los tres países con mayor producción artesanal en el mundo, cuenta con más de 12 millones de personas dedicadas a esta labor. El sector textil, en particular, representa el segundo rubro más importante dentro de la gama. Sin embargo, durante años, comunidades indígenas han enfrentado el plagio de sus diseños por parte de marcas nacionales e internacionales.
Desde 2019 se ha documentado que al menos 23 empresas extranjeras han utilizado sin autorización diseños creados por maestros artesanos mexicanos. Esta apropiación cultural se dio en un contexto de vacío legal, donde los derechos colectivos no estaban claramente definidos ni protegidos.
Leyes contra el plagio de arte indígena en México
Desde 2020, dos leyes han cambiado el panorama jurídico para los pueblos originarios.
La Ley de Salvaguarda de los Conocimientos, Cultura e Identidad de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas reconoce que los saberes, expresiones y manifestaciones culturales de estas comunidades son inalienables, indivisibles e imprescriptibles. Esta ley otorga a los pueblos el derecho de decidir sobre el uso de su patrimonio cultural sin necesidad de trámites administrativos previos.
El artículo 11 exige que cualquier uso comercial o industrial de manifestaciones culturales no disponibles públicamente cuente con el consentimiento libre, previo e informado de la comunidad titular. Además, debe celebrarse un contrato de licencia que incluya remuneración justa, respeto al derecho de atribución e inscripción formal del acuerdo.
La Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas establece sanciones para quienes usen sin autorización los diseños tradicionales. Las penas incluyen multas de hasta 10 millones de pesos y cárcel, en casos de plagio o apropiación indebida.
¿Qué implica esto para los artesanos?
Aunque el marco legal existe, su aplicación no ha sido fácil para las autoridades. Expertos en derechos culturales, como la activista Luz Valdez, han señalado que muchas comunidades desconocen los mecanismos para hacer valer sus derechos, y que la implementación de estas leyes requiere acompañamiento institucional, asesoría legal y voluntad política.
No obstante, algunos casos recientes han sentado precedentes. Comunidades en Oaxaca, Chiapas y Guerrero han logrado acuerdos con marcas nacionales para el uso ético de sus diseños, incluyendo cláusulas de retribución económica y reconocimiento público.
Activistas han remarcado la importancia del consumo responsable. Elegir productos que respeten el origen cultural y provengan directamente de los artesanos o de marcas que colaboran éticamente con ellos es una forma de apoyar la preservación del patrimonio mexicano.